Un juez federal en el estado de Texas, en EE.UU., decidió suspender temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama el pasado noviembre, que evitaría la deportación de millones de inmigrantes indocumentados que entraron al país ilegalmente.
De esta manera, el tira y afloja de los últimos meses entre Obama y los republicanos, que sostienen que la acción ejecutiva del mandatario es inconstitucional, alcanza un nuevo clímax.
El fallo contra las medidas de Obama, anunciadas el pasado 20 de noviembre, se produce la misma semana en que el gobierno estadounidense iba a comenzar a procesar las solicitudes de algunos de los inmigrantes indocumentados beneficiados por los cambios, que podían evitar ser deportados al menos durante tres años y que iban a recibir recibir permisos de trabajo.
La decisión del juez federal también afecta a un programa que debe entrar en funcionamiento esta primavera boreal para padres indocumentados con hijos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Según algunos cálculos, las medidas de Obama podrían llegar a beneficiar a cinco millones de personas.
Contraria a la Constitución
Con su resolución de este lunes, el juez Andrew S. Hanen indica que considera que hay posibilidades de que al final decida que la acción ejecutiva de Obama es inconstitucional, con lo que fallaría a favor de los 26 estados que han demandado desde Noviembre al gobierno de manera conjunta.
El juez Hanen, quien fue nombrado en su puesto en 2002 por el presidente George W. Bush, ha atacado públicamente la acción de ejecutiva de Obama, asegurando ¨que pone en peligro a EE.UU.¨.
En todo caso, la suspensión ordenada por el juez favorece sólo a 26 estados que demandaron al gobierno de Obama.
Obama ya ha advertido que luchará contra cualquier ley o medida judicial que bloquee las leyes o acciones ejecutivas aprobadas durante su presidencia en temas de inmigración, salud y regulación financiera.
Pero los 26 estados que han demandado a la administración creen que el mandatario se ha extralimitado en sus funciones y aseguran que los costes de implementar las medidas supondrían una carga excesiva para sus ajustados presupuestos.
El presidente estadounidense ha recibido el apoyo de una docena de estados, así como de los gobiernos de grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles, que sostienen que la regularización de los indocumentados les permitirá aumentar sus ingresos gracias a los impuestos que pagarán estos nuevos residentes
Mientras, los senadores demócratas se niegan a aceptar la inclusión de esas cláusulas en la legislación, acusando a los conservadores de poner en peligro la seguridad nacional con el potencial cierre temporal del departamento.
El presidente del Congreso estadounidense, el republicano John Boehner, ha asegurado que si el cierre se produce, será culpa del partido de Obama.
En los dos últimos años Boehner ha estado al frente de la oposición conservadora a la reforma migratoria que había solictado Obama al Congreso de su país, mostrándose partidario de cambios puntuales de las leyes que poco tienen que ver con el proyecto de reforma aprobada por el Senado de EE.UU. con apoyo de demócratas y republicanos hace año y medio.
Fuente: bbc.co.uk
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