SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno, Luis Abinader, abogó porque la indexación salarial
aplicada en beneficio de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Superior Electoral se extienda también a los miembros de la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas y al 68 por ciento de los asalariados del país que
ganan por debajo de 10 mil pesos.
El dirigente político opositor consideró
la medida de elevar los sueldos en las altas cortes como una imprudencia en
medio de los escándalos que afectan la imagen de la Justicia Dominicana.
Afirmó que la justicia salarial del Estado
debe aplicarse preferencialmente en beneficio de los servidores públicos que no
ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades más elementales, y
recordó , que entre el 2010 y el 2014 la canasta familiar en la
República Dominicana pasó de RD$23 mil 398 a RD$27 mil 887 pesos.
El licenciado Abinader dijo que la
política salarial del Estado no debe seguir ensanchando la brecha entre una
casta privilegiada de funcionarios que devengan sueldos de lujo que superan los
niveles de muchos países altamente desarrollados, y la mayoría de los
servidores públicos que perciben salarios de miseria, insuficientes para vivir
con un mínimo de dignidad.
Indicó que la indexación salarial en el
sector público debe tomar en cuenta de manera prioritaria a los miembros de la
Policía y de las instituciones castrenses, que tienen la grave responsabilidad
de garantizar la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.
En el caso de la Policía Nacional, cuyos
agentes ganan un salario mínimo de 6 mil pesos, reiteró su propuesta de que se
establezca un salario base de 23 mil pesos para que puedan cubrir las
necesidades esenciales de sus familias sin necesidad de dedicarse a prácticas
contrarias a la moral y a las normas que están obligados a cumplir.
El licenciado Abinader emitió sus
declaraciones a propósito del anuncio de que los trece jueces del Tribunales
Constitucional (TC) y los cinco del Tribunal Superior Electoral (TSE)
recibieron un significativo aumento en sus salarios como compensación por
la pérdida del poder adquisitivo registrado en el país.
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